Los consumidores y los grupos organizados, usando las comunicaciones modernas -de amplio acceso y bajísimo costo-, pueden compartir sus inquietudes medioambientales con actores de todo el mundo (ya sea privados o institucionales), coordinar actividades de diverso tipo (boicots, campañas publicitarias y otros) y, en general, ejercer presión sobre empresas y gobiernos. La globalización permite que vean la luz más organizaciones no gubernamentales de distinto signo y que éstas trabajen conjuntamente en pos de sus ideas. Las empresas no pueden hacer caso omiso de las demandas de estos actores armados con más y mejor información, y que, en mercados competitivos, pueden castigarlas simplemente acudiendo a otro oferente. Y una forma de evitar esto último es que las empresas incorporen a su accionar el concepto del "buen ciudadano", empezando por establecer buenas relaciones con las comunidades de su entorno inmediato.
Estos grupos de la sociedad civil pueden alcanzar una fuerte influencia, sobre todo en países desarrollados, y sus gobiernos enfrentan costos si pretenden hacer oídos sordos a sus propuestas. Se trata de personas motivadas y bien informadas que pueden dar expresión política a sus demandas, castigando con su voto a quienes no las satisfagan. Esta combinación del poder de consumidores y ciudadanos es una mezcla potente que las empresas y Estados modernos simplemente no pueden ignorar. Es, efectivamente, un nuevo paradigma.